La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso para Guillermo Alejandro “N”, de 25 años, por los delitos de desaparición cometida por particulares y privación ilegal de la libertad agravada, en perjuicio de Abraham Eduardo “N” y Juan Alberto “N”, de 23 y 26 años, respectivamente.
Los hechos que se imputan al señalado ocurrieron el 22 de enero del año en curso, cuando el imputado y diversos sujetos, llegaron a bordo de dos vehículos, un BMW color blanco y una Cherokee, al domicilio ubicado en la calle Riviera de la colonia Privadas del Rey, en Hermosillo, Sonora, donde privaron de la libertad a Abraham Eduardo “N”, de quien hasta la fecha se desconoce su paradero.
Posteriormente, en un segundo hecho ocurrido el mismo día, aproximadamente a las 17:00 horas, los mismos agresores interceptaron a Juan Alberto “N” en la vía pública, a la altura de la calle Río Lindo esquina con Avenida Marín, mientras salía del fraccionamiento Privadas del Rey.
Uno de los sujetos le ordenó subir al vehículo bajo el argumento de que Abraham Eduardo “N” había señalado que él era “el jefe” y, una vez retenido, lo trasladaron a un domicilio donde permaneció cautivo hasta el 27 de enero pasado.
Durante su retención, la víctima fue objeto de violencia física y psicológica extrema, incluyendo golpes con puños y objetos, así como actos de tortura y fue amenazado constantemente con mutilaciones en sus extremidades si no proporcionaba información sobre personas o actividades delictivas, finalmente fue liberado cerca del Parque Copacabana por el propio imputado, Guillermo Alejandro “N”.
El 03 de marzo de 2025, el imputado fue detenido tras la ejecución de una orden de aprehensión dentro de la causa penal correspondiente, después de establecer su identidad como el presunto responsable de los hechos y que un Juez otorgara el mandamiento judicial de captura en su contra.
Durante la audiencia inicial el Juez dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar y resolvió vincularlo a proceso otorgando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, durante la que se fortalecerá la investigación a fin de lograr una futura sentencia condenatoria.