El Gobierno de Sonora, en voluntad de apoyar a las viudas de policías estatales, municipales y ministeriales fallecidos en el ejercicio de su labor, creó un programa especial que les brinda respaldo económico.
El colectivo de viudas reconoció que este programa se logró gracias a la voluntad del gobernador Alfonso Durazo, quien encabezó las gestiones necesarias para definir la ruta legal que hiciera viable este apoyo. Este esquema, diseñado por la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Secretaría de Hacienda, garantiza un programa permanente, sujeto a suficiencia presupuestal.
El colectivo reconoció que, no obstante, algunas solicitudes quedaron fuera porque los solicitantes no cumplían los requisitos; en algunos casos, los peticionarios no eran viudas sino familiares como hermanas o tías; en otros, la muerte del agente no ocurrió en cumplimiento de su deber. Cabe destacar que ninguno de los casos corresponde a elementos fallecidos durante la actual administración, tratándose algunos de hace más de 20 años, lo que evidencia la voluntad del Gobierno de Sonora por hacer justicia histórica a familias que por décadas no habían recibido ningún tipo de apoyo.
De acuerdo con la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Sonora, el Gobierno del Estado no puede otorgar la compensación subsidiaria que algunos solicitaban, pues este derecho solo se concede cuando hay una sentencia ejecutoriada y el responsable del daño no puede cubrir la indemnización establecida por el juez, lo que no se cumplía en dichos casos.
A pesar de estas limitaciones legales, el Gobierno de Sonora mantiene su compromiso con las víctimas y ha implementado un programa que, por primera vez, atiende a este sector con un enfoque integral. Además del respaldo económico, las integrantes del Colectivo de Viudas de Policías han recibido apoyo por parte de la Secretaría de Gobierno, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y la Secretaría del Bienestar.
Entre los apoyos brindados se incluyen atención psicológica y psiquiátrica, acompañamiento jurídico, becas educativas para sus hijos, asistencia alimentaria, apoyo tanatológico, asesoría legal y atención médica, entre otros beneficios orientados a mejorar su calidad de vida y fortalecer su proceso de recuperación.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Sonora reafirma su compromiso con la justicia social y con quienes durante años buscaron ser escuchadas