Para establecer en la legislación local la figura del delito de Violencia Económica Postseparación y medidas de protección a las víctimas, la diputada Ernestina Castro Valenzuela, propuso adicionar diversas disposiciones al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambas del estado de Sonora.
En la sesión del Congreso de Sonora de este miércoles, la legisladora morenista explicó que la Violencia Económica Postseparación es una forma de maltrato que continúa después de finalizar la relación y consiste en controlar a las mujeres y a sus hijos restringiendo su acceso a recursos económicos y limitando su independencia.
“Con esta propuesta legislativa, este órgano colegiado… busca concretar y garantizar una vida libre de violencia para todas y todos, principalmente para las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y resarcir así la deuda histórica en materia de atención a víctimas”, subrayó la legisladora morenista.
Detalló que de acuerdo con datos de la Encuesta Estatal de Seguridad Pública en Sonora del año 2023, el 18 por ciento de las mujeres divorciadas o separadas declararon haber sufrido alguna forma de retención ilegal de bienes o negación de recursos económicos por parte de su expareja. De igual manera, 12 por ciento reportó daños intencionales como destrucción de documentos, vehículos o viviendas.
La iniciativa contempla una pena de prisión de tres a siete años y multa de 500 a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien incurra en incumplimiento de obligaciones legales, obstrucción laboral deliberada, manipulación de recursos, y generación de cargas económicas adicionales o no contempladas durante el tiempo de duración del vínculo matrimonial o afectivo.
Además, se propone la inhabilitación de manera temporal o definitiva de los derechos de la patria potestad o régimen de visitas, cuando se compruebe que se utiliza como medio de violencia económica.
Castro Valenzuela subrayó que las penas aumentarán hasta en una mitad cuando los hijos sean menores de edad o dependan económicamente de la víctima; cuando existan pruebas de que el agresor ha actuado con premeditación y sistematicidad para causar daño financiero a la víctima, y cuando se tengan antecedentes de violencia familiar, psicológica o patrimonial.
Para la protección de la víctima e hijos propuso la retención de ingresos del agresor para garantizar el pago de obligaciones económicas; asesoría legal y apoyo financiero por parte de instituciones estatales, y acceso preferencial a programas de empleo, vivienda y emprendimiento.