La Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales del Congreso del Estado aprobó el dictamen que avala las tablas y planos de valores unitarios de suelo y construcción de diversos ayuntamientos, correspondientes al ejercicio fiscal 2026, así como una reforma a la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
La diputada Rebeca Silva Gallardo (NAS), presidenta de la comisión, informó que fueron un total de 51 ayuntamientos presentaron propuestas. De ellos, cinco municipios no contemplan incrementos en sus tablas de valores: Aconchi, Naco, Oquitoa, Rosario y Santa Cruz.
El municipio de Átil plantea un aumento del uno por ciento, mientras que Huepac propone un tres por ciento. En tanto, los ayuntamientos que presentaron ajustes dentro del rango sugerido por el Instituto Catastral y Registral del Estado (Icreson) son Cajeme, con incrementos entre 3.5 y 3.7 por ciento, y Empalme, con una actualización general del cuatro por ciento.
31 ayuntamientos se apegaron a la recomendación de Icreson, la cual sugiere un incremento del 4.32 por ciento en los valores catastrales. Estos municipios son: Arivechi, Bacanora, Bacoachi, Bácum, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Huasabas, La Colorada, Moctezuma, Nacozari de García, Onavas, Opodepe, Pitiquito, Quiriego, Rayón, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Suaqui Grande, Trincheras, Villa Pesqueira y Yécora.
El municipio de Cananea adicionó una nueva categoría en su tabla, mientras que Altar propuso un incremento del 4.95 por ciento. Los municipios de Banámichi, Magdalena, Sahuaripa, San Javier y Tepache establecieron aumentos del cinco por ciento.
Por su parte, la propuesta del ayuntamiento de San Luis Río Colorado no fue aprobada por presentarse fuera de tiempo. También se registraron propuestas con incrementos superiores a los sugeridos por el instituto por los municipios de Agua Prieta, Hermosillo y Ures.
Durante la misma reunión, la legisladora sometió a consideración del órgano colegiado una modificación a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, que tiene como objetivo fortalecer el ejercicio de la libertad religiosa y de asociación mediante el reconocimiento de la Constancia de Notorio Arraigo. Este documento, que será expedido por los ayuntamientos, facilitará la constitución de asociaciones religiosas en la entidad.
Ambos dictámenes fueron aprobados por unanimidad y serán turnados a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (Cricp) para su inclusión en el orden del día de una próxima sesión ordinaria.
En la reunión estuvieron presentes Amanda Marchena Morales, coordinadora estatal de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno; las diputadas y diputados María Eduwiges Espinoza Tapia (Morena), Gabriela Félix Bojórquez (MC), Héctor Castelo Montaño (Morena), Norberto Barraza Almazán (PES), Emeterio Ochoa Bazúa (PRI) y David Figueroa Ortega (PVEM).