Para brindar certeza y evitar se influya en el proceso de las investigaciones, el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de la Contraloría General, suspendió a cinco personas servidoras públicas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecyte) que condujeron la licitación para la adquisición de libros de texto.
Para facilitar las investigaciones, con fundamento en el artículo 128, fracción 1, 129, 130, 131, 132 y 134 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora, la Contraloría General emitió como medida cautelar la suspensión de labores de cinco empleados públicos que desarrollaban sus actividades con puestos administrativos, en la oficina de adquisiciones, en el área jurídica, así como jefes de departamento del instituto de educación media superior.
El gobernador del estado, Alfonso Durazo, instruyó a la Contraloría General el inicio de investigación a profundidad de la licitación pública LPA-926026963-010-2022, correspondiente a la adquisición de libros de texto, teniendo como primer indicio la posible comisión de faltas administrativas graves y no graves, mismas que resultaron en la suspensión de servidores públicos, a partir del día martes 31 de enero del 2023.
El mandatario sonorense dejó en claro que el gobierno que representa se encuentra comprometido con la honestidad, la transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas y procederá de manera ejemplar y contundente ante cualquier sospecha de actos irregulares. Advirtió a quienes trabajan en el Gobierno de Sonora que en caso de presentarse irregularidades administrativas, la suspensión será la primera acción y, de existir responsabilidad decretada por la contraloría o la Fiscalía Anticorrupción, tendrán que asumir la responsabilidad y pagar las consecuencias.
Guillermo Noriega Esparza, contralor estatal, precisó que no existieron compras de libros a sobreprecio, sin embargo, la investigación inicial derivó en tres diligencias más: la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) por la presunta falsificación de una firma en un contrato, la Fiscalía Anticorrupción (FAS) por el posible uso de una empresa “fachada” y una más de Contraloría Sonora, para determinar la cadena de responsabilidades de los diferentes servidores públicos y quien determinará la permanencia o levantamiento de la suspensión de las personas servidoras públicas.